patricia-bullrich-376570La organización Amnistía Internacional instó al Gobierno Nacional a revisar la nueva normativa sobre el uso de las armas de fuego en las fuerzas de seguridad, objetó su “presunta violación a los derechos humanos” y, eventualmente, pidió que se debata una ley en el Congreso.

La directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Paola García Rey, le transmitió su preocupación al Ministerio de Seguridad, y exigieron por medio de un pedido de acceso a la información los detalles del instructivo para el uso de armas de parte de las fuerzas de seguridad y pedirán a la Secretaría de Derechos Humanos que advierta a Patricia Bullrich sobre la violación a los tratados internacionales en que estaría incurriendo la Argentina si avanza con este tema.

Amnistía le expresó al Gobierno que sería “peligroso naturalizar”el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales y recordó que, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos que suscribió la Argentina en su Constitución, se estaría violando esa normativa mundial.

Ademas según expresó en un comunicado “la resolución 956/2018 que flexibiliza el contexto en el cual las fuerzas federales de seguridad pueden hacer uso de las armas de fuego para responder a un contexto de presunta inseguridad viola los derechos humanos”. Y alertó de que es de “carácter urgente” su revisión.

De esta forma Amnistía Internacional le trasladó al Gobierno su preocupación por el tema y les recordó a las autoridades de la Casa Rosada que la facultad de las fuerzas de seguridad de hacer uso de la fuerza y de armas de fuego “debe establecerse por ley ya que la norma describirá en qué circunstancias y con qué finalidad podrá considerarse el uso de la fuerza y establecerán un umbral claramente más elevado para el empleo de armas de fuego que para otras formas de uso de la fuerza”. Así, se planteó que la resolución emitida por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich no representa una ley en sentido estricto para el derecho internacional.

Una de las principales preocupaciones es que la nueva reglamentación amplíe las situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente” a supuestos hasta ahora no contemplados. “Es inadmisible que se habilite a un funcionario policial a presumir que un individuo está armado por el solo hecho de que otro integrante de un grupo de personas porte un arma y, con esto, justificar el uso del arma letal contra todos ellos cuando además no exista una amenaza inminente; o que incluso se habilite a usar el arma de fuego en supuestos en los que las personas no tengan un arma letal”, expresó la oficina Argentina de Amnistía.

Ademas se planteó la preocupación de que se legitime el precedente que habilita el uso de armas de fuego para detener a una persona que se dé a la fuga. De acuerdo al derecho internacional, para Amnistía, “el mero hecho de que una persona eluda la detención o escape cuando está bajo custodia, nunca justifica el uso de un arma de fuego. Solo podrá emplearse el arma letal cuando su huida represente una amenaza grave y continua para la vida de otras personas (como ser que en su huida el agresor siga abriendo fuego)”.

También se sostuvo que llama la atención que en el texto de la resolución no exista ninguna referencia a la obligación de las fuerzas de seguridad de tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidas, tal como expresan los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Bielski dijo: “No es lo mismo hacer uso de armas de fuego intencionalmente para matar que para proteger una vida. Matar intencionalmente a una persona en nombre de la ley debe considerarse ilícito”.

Antes de la cumbre del G20 las autoridades de Amnistía le habían enviado una carta al Gobierno donde ya alertaban de que la Argentina debía atenerse a la excepcionalidad en el uso de armas de fuego de fuerzas policiales ante protestas aunque, al entender de esta organización internacional, la resolución del Ministerio de Seguridad se excede en sus atribuciones en función de esa excepcionalidad marcada en los tratados internacionales.