cristina-kirchner-kt7E–620×349@abcLa Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal tomó la decisión de rechazar un recurso que fue presentado por la defensa de la actual senadora Cristina Kirchner y ordenó que la causa siga su curso en el fuero penal.

la declaración inadmisible fue ejecutada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci ademas ordenaron que el recurso extraordinario contra la decisión de esa misma Sala, que había resuelto que la investigación en torno a las presuntas maniobras ilícitas continuara en el fuero penal.

Dicha causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. El juicio que tendrá inicio el 26 de febrero de 2019 lo llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital.

Se trata de la primera causa contra la ex mandataria que llega a la instancia de juicio oral. Los jueces del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara además juzgarán al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al empresario Lázaro Báez, entre otros.

Cristina Kirchner está acusada de ser coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, en el marco de una investigación que se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.

En el juicio también están involucrados el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y Martín Báez, hijo del empresario patagónico detenido.

De la lista de acusados, De Vido, está preso por irregularidades en el manejo de fondos de la mina de Río Turbio, al igual que López, que está detenido por los bolsos con casi USD 9 millones que en 2016 intentó esconder en un convento de General Rodríguez.

Carlos Kirchner está preso por obstruir la investigación al declarar un domicilio inexistente, así como por querer sacar fondos de una cuenta embargada por la Justicia. Por su parte, Báez sigue detenido en la causa por lavado de dinero de la obra pública a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Para el fiscal Gerardo Pollicita, “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de $46 mil millones”.

Se trató de una maniobra con una “estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que les permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial”.

Los fondos públicos fueron girados a una de las empresas de Báez, y eran “remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos” por el alquiler de plazas hoteleras, se indicó.

“Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez”, sostuvo el fiscal Pollicita, que actuó en la etapa de instrucción.