386926Álvaro Garganta, fiscal federal pidió que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires vaya a juicio oral por diversas irregularidades y negociados durante su gestión. El fiscal pidió elevar un tramo de la causa en la que se encuentran acusados el ex mandatario, su ex ministro de Salud Alejandro Collia, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y el empresario Ricardo Miller. En total son cinco casos distintos dentro de la megacausa iniciada por Elisa Carrió. La decisión quedó en manos de la jueza de Garantías Marcela Garmendia.

Uno de los primeros casos involucra la creación de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli. La Justicia determinó que muchas de las empresas convocadas para concursar no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro. El fin era direccionar la contratación a favor de Miller.

Esto ocurría como consecuencia de “la relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario, y además, por las dádivas que el primer mandatario recibía de éste por su rol”.

Scioli declaró no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona” y sostuvo que “todas las contrataciones” durante su gestión fueron realizadas “en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad”.

Miller le alquilaba a Scioli un terreno de 41.000 m2, que terminó comprando en USD 3.850.000. La Justicia comprobó que ese lugar se abría solo para eventos familiares, como el cumpleaños de Miller.

La megacausa se inició por una denuncia realizada por Elisa Carrió. A Scioli y Collia se les imputa en calidad de instigador los delitos de tráfico de influencias pasivo y en calidad de autor del tráfico de influencias pasivo.

El requerimiento de Garganta incluye cinco causas desdobladas (de un total de ocho) donde también figuran los negociados en Aguas de Buenos Aires y en IOMA.

En el caso de ABSA, la Justicia comprobó que el entonces presidente de la entidad, Guillermo Scarcella, direccionó la contratación del servicio de “Alquiler de camiones desobstructores”, y “Alquiler de camiones cisterna”, lo que significó un total de 22 contrataciones irregulares por un valor de $62.716.000. La empresa beneficiada era D.A.S.A., cuyo titular mantenía un vinculo comercial y personal con Scarcella.

En el caso de IOMA, se detectó que un grupo de 18 empleados, con la colaboración necesaria de al menos dos personas que conducían un grupo de hecho de cinco empresas compuesto por Domisalud SA, Intergemed SRL, Juntos en Casa SRL, Sistemas Operativos Salud SA y Cerca Salud SA, crearon un circuito paralelo para beneficiar a esas firmas en el servicio de internación domiciliaria.