3_1523292036_BLa Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que actualmente esta integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, revocó la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenó al Tribunal que en forma inminente proceda a realizar el juicio.

La resolución es sobre el caso en el que se investiga el pago de sobreprecios por parte del Estado Nacional de aproximadamente unos 120 millones de dólares/pesos en los años 90 en el marco del proceso de informatización de la por entonces Dirección General de Impuestos (DGI), en el que se encuentran acusados ejecutivos de la empresa multinacional IBM. y ex funcionarios del Gobierno Argentino.

En el año 2016 el Tribunal Oral Federal nº 3 había declarado la extinción de la acción por prescripción, sin embargo el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción recurrieron la decisión ante la Cámara de Casación, que a fines de ese mismo año, con los votos de los jueces Hornos y Gemignani, la Sala IV revocó esa decisión.

En la actualidad el juez Gemignani mantuvo su criterio acerca de la imprescriptibilidad de esta clase de delitos y el juez Hornos concluyó que por aplicación directa del artículo 36 de la Constitución Nacional resultan “imprescriptibles los graves hechos dolosos de corrupción cometidos contra el estado que conlleven enriquecimiento”.

Hornos también expuso que el 5º párrafo de ese artículo, incorporado en la reforma del año 1994, establece de modo literal que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado “atenta contra el sistema democrático”.

Al expresar su voto aclaró que solamente son atentados contra la democracia aquellas maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión, puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia.

También señaló que, de acuerdo a la Constitución Nacional, 3º párrafo del artículo 36, las acciones respectivas contra los atentados contra el orden democrático resultan imprescriptibles.

Recordó que la primera regla de interpretación es la gramatical y que en ese sentido debe entenderse que cuando la constitución señala que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento” refiere que los graves hechos de corrupción atentan contra la democracia del mismo modo en que en lo hacen los otros atentados.

Hornos expuso así que, al no haberse establecido constitucionalmente diferencias, este supuesto de atentado contra el sistema tiene las mismas consecuencias jurídicas establecidas por el constituyente que impiden la prescripción, el indulto y la conmutación de penas.

De esta forma, el juez refirió que con esta interpretación, la Constitución reconoce la realidad de este tiempo en el que la corrupción atenta contra la República y sus instituciones, como en el siglo pasado fueron considerados los golpes de Estado (Art. 36, primer y tercer párrafo, de la C.N.) y en el anterior la adjudicación de la suma del poder público (Art. 29 de la C.N.).

Luego de analizar la imputación formulada en el caso, concluyó que, en esa hipótesis, se está juzgando un grave hecho de corrupción que habría conllevado enriquecimiento. Por ello resolvió que no es constitucionalmente posible la prescripción de la causa y que debe celebrarse en forma inminente el debate oral y público.

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