Una baja de subsidios durante los próximos dos años, la “racionalización” del empleo público, menos obras de infraestructura y posibles modificaciones en el sistema jubilatorio, son algunos de los puntos claves de la “Carta de Intención” que el Gobierno envió al FMI.

“Continuaremos avanzando en la reducción de subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2019, en promedio, para el gas, y desde el 60 por ciento en 2017 hasta el 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad”, afirmó el Ejecutivo en el texto.

Además, se comprometió a reducir el gasto público “hasta llevarlo a niveles adecuados y sostenibles, lo que resulta fundamental para alcanzar tanto el equilibrio fiscal como macroeconómico”, y precisó: “Consideramos que el esquema fiscal de mediano plazo elegido garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8% del PBI hacia fines de 2021”.

En sintonía, afirmó: “Continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean”.

“Nos comprometemos a que la carga de la recalibración necesaria de la política fiscal sea compartida equitativamente, protegiendo por completo a los sectores más vulnerables de nuestra población. En nuestro programa, planeamos sostener el gasto en asistencia social y, en el improbable caso de que la situación social se deteriore, nos comprometemos a destinar recursos adicionales al financiamiento de nuestros programas de asistencia social más efectivos”, de acuerdo a la “Carta de Intención” enviada al organismo.

Además, el Poder Ejecutivo resaltó: “Tomaremos medidas adicionales para alcanzar estos objetivos si fuera necesario. Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas adicionales y también ante revisiones a las políticas, de acuerdo  con lo que establecen las normas de los acuerdos del FMI”.

“Uno de los ejes centrales de nuestro plan económico es acelerar el ritmo al que venimos reduciendo el déficit primario del gobierno nacional desde 2016. Reafirmamos nuestro compromiso con alcanzar el equilibrio fiscal y llevaremos a cero el resultado primario del gobierno nacional en 2020”, precisa el texto.

La nota, que consta de 33 carillas y fue enviada a la directora del Fondo Christine Lagarde, pide al FMI el “apoyo al plan económico” del  Gobierno nacional.

“El plan ha sido diseñado por el Gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual”, subrayó el Poder Ejecutivo.

En ese marco, destacó que “como parte de este apoyo, estamos solicitando formalmente un Acuerdo Stand-By del FMI por un período de 36 meses, por un monto de DEG 35.379 millones (equivalente a aproximadamente USD 50.000 millones, o el 1.110 por ciento de la  cuota de Argentina con el FMI)”.

“Planeamos desembolsar el primer tramo (USD 15.000 millones) luego de la aprobación del programa, la mitad del cual se utilizará como apoyo presupuestario. El resto de los tramos serán tratados como precautorios”, precisó.

La carta fue firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

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