arton98359Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y sospechado de integrar la asociación ilícita que habría funcionado para robar dinero con los negocios del Ministerio de Planificación recibió hoy la prisión domiciliaria a través de la Cámara Federal. El empresario quedó detenido el 9 de agosto, luego de declarar y paliarse con periodistas en la puerta de los tribunales de Comodoro Py.

Este no es el primer caso de arresto domiciliario en la causa. El primero fue Néstor Otero, de 81 años, con un delicado estado de salud y una mujer enferma.  Luego fue el turno de Sergio Taselli a quien se otorgó la excarcelación, pero no sé concretó.

El juez Claudio Bonadio le fijó una fianza de $40 millones. La cifra es 1% del embargo fijado en los procesamientos de todos los presuntos integrantes de la asociación ilícita. Mientras apela el monto Taselli consiguió el arresto domiciliario.

Cambien señalaron: “resulta ser una circunstancia que por sí sola lo coloca en una situación altamente riesgosa en cuanto a su estado físico puesto que resulta de público conocimiento que una persona longeva como el imputado está inmerso en el grupo población alma frágil y necesitado con relación a los controles y cuidadosmédicos”.

Según la cámara a pesar de la grave imputación que pesa sobre Lascurain y los riesgos de negarle la excarcelación “no impiden someterlo a una detención morigerada como la solicitada priorizando su estado de salud y los vínculos con su familia y evitar de este modo su deterioro irreparable ya que en la actualidad cuentan con dispositivos electrónicos pulseras y GPS que de modo eficiente pueden asegurar que el nombrado continúe cumpliendo de manera estricta su detención”.

Lascurain había estado preso por unas horas en abril pasado en el marco de la causa de Río Turbio en la que está procesado. Es la causa por la que está preso el ex ministro de Planificación Julio de Vido. En aquel momento el juez Luis Rodríguez ordenó su arresto y luego le otorgó la excarcelación con una fianza de $100.000. Más tarde, la Cámara elevó esa cifra a un millón.