Casanello rechazó un pedido de sobreseimiento que había formulado Venegas en el marco de la causa en la que estuvo detenido en febrero de 2011 por orden del entonces juez Norberto Oyarbide.

“Aún restan medidas de prueba por producir, como por ejemplo, el análisis de la documentación recolectada y entrecruzamiento de información entre los estudios periciales scopométricos (para determinar autenticidad), los expedientes APE (ex Administración de Programas Especiales que cubría los tratamientos de alta complejidad) cuyos troqueles resultaron apócrifos y los tratamientos médicos recibidos por los pacientes afiliados a OSPRERA”, la obra social de los trabajadores del campo, explicó el juez.

“También resta determinar el perjuicio económico que habría sufrido el Estado Nacional producto de las presentaciones de reintegros de medicamentos que formuló OSPRERA ante la Administración de Programas Especiales con troqueles apócrifos”, añadió.
Venegas -jefe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)- está bajo investigación por el supuesto mecanismo ilegal de falsificación de unos 25 expedientes médicos para el suministro de drogas de alto costo que era subsidiado por la APE, del Ministerio de Salud.

La APE fue disuelta en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández, que dispuso que fuera absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cuyo frente puso entonces a la ultra “K” Liliana Korenfeld.
En la causa se investiga, además, si se les suministraron a los pacientes medicamentos adulterados, sin sus principios terapéuticos activos en condiciones de sanar a quienes los recibían.

Venegas y otros imputados, entre ellos el intendente de la ciudad bonaerense de San Pedro, Cecilio Salazar, pidieron sus sobreseimientos, pero Casanello replicó que “aún no se ha despejado la duda acerca de si los hechos que son materia de investigación puede ser atribuidos o no” a los acusados.
El fallo coincide con el dictamen del fiscal federal Franco Picardi.

“Con el devenir de la investigación se arribó a la sospecha de que la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), era una de las obras sociales que formaba parte de la cadena de comercialización ilícita de sustancias medicinales que estaban destinadas a programas especiales de distribución gratuita por el Ministerio de Salud de la Nación”, añadió Casanello.

La investigación involucra, además de Venegas y Salazar, presidente y vice de OSPRERA, a Alejandro Wittemberg, gerente de Prestaciones; Ariel Hernández y Juan De León, médicos auditores; Luis Alberto Aguirre, encargado de cobranzas y Marta Arviza, empleada administrativa, según la causa.

 

Foto vía: entornointeligente.com

Compartir