f800x450-445982_497428_0En el cómputo de la pena de Rufino Batalla, un represor condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, la Corte Suprema de Justicia rechazó la aplicación del denominado 2×1. Con dicha decisión, el tribunal cambió el criterio que había adoptado el año pasado en el caso Muiña.

La posición mayoritaria obtuvo los votos de Ricardo LorenzettiCarlos MaquedaHoracio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, quien se decidió a último momento.

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, quien esta mañana pidió tiempo para  retocar los argumentos de su postura, fue el único que votó en contra de la aplicación de este beneficio.

Según Rosenkrantz consideró inconstitucional la ley 27362 que sancionó el Congreso el año pasado en el pronunciamiento del máximo tribunal sobre un caso similar. 

El la cuasa Muiña el año pasado, Lorenzetti y Maqueda se habían expresado en el mismo sentido que ahora. Rossati y Highton de Nolasco habían acompañado a Rosenkrantz a favor del 2×1. El cambio de postura se debe a la ley que votó el Congreso. En sus argumentos, los magistrados aseguraron que se subsanó un vacío legal que existía con respecto a la situación de los represores con la sanción de una ley interpretativa por parte del Congreso.

Con esto, la Corte Suprema avanza en el cronograma que se había dispuesto para fin de año con el objetivo de debatir temas sensibles que habían sido postergados en la agenda.

La semana pasada dispuso que los jueces designados a partir de 2017 deben tributar el Impuesto a las Ganancias. Antes de fin de año, se expresará sobre la ley de lemas en Santa Cruz y el caso de Lucio Blanco, un jubilado que reclamó por el índice que utilizó la Anses para realizar el reajuste de haberes.