paolo-rocca-en-el-g20-10052018-369719Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, fiscales federales, apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio en la cual procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint Paolo Rocca por asociación ilícita y pago de coimas a ex funcionarios.

En la apelación solicitaron que el procesamiento de Rocca sea con prisión preventiva. Ahora la Sala I de la Cámara Federal debe resolver también si confirma los procesamientos de Cristina Kirchner y el resto de ex funcionarios y empresarios por los delitos de asociación ilícita, cohecho y dádivas.

Ademas los fiscales pidieron que se dicte la prisión preventiva del ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán (de la firma Vicentín) yRubén Aranda (de Proalsa-Chimen Aike).

Para los fiscales, se comprobó que “los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

Los fiscales explicaron: “Se ha probado(…) que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trató por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada”.

Y añadierom: “Va de suyo que esta organización criminal, tal como se dio por probado en esta causa, importó la actuación mancomunada de varios intervinientes, cuyos roles fueron distribuidos y orquestados a través de un esquema de organización”.

En la apelación señalaron: “Es aquí dentro de este esquema, donde resalta la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios, cuyas voluntades se plegaron de manera decisiva a otros integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia, puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar”.

Agregaron que “por el contrario, muchos de ellos se valieron y habrían usufructuado los beneficios ilícitos que apareja la pertenencia de esta estructura criminal, en pos de sacar provecho del pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios”.

Para concluir expresaron: “así pues en lo que respecta a los imputados Abal Medina, Larraburu, Rocca, Padoán y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes vuestra señoría sí procesó con prisión preventiva, independientemente de que algunos de ellos continúen transitando en libertad atento a lo resuelto por vía incidental (excarcelación y exención de prisión según el caso)”.

Los fiscales no apelaron la falta de mérito dictada por Bonadio para el empresario Marcelo Mindlin, quien sigue bajo investigación en la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.