el-diputado-maximo-kirchner-376177Se designaron por sorteo a quienes serán los encargados de investigar a Maximo Kirchner y La campora en una causa que se desprende de la investigación de los cuadernos de las coimas. El juez federal Sergio Torres y el fiscal Gerardo Pollicita fueron elegidos para investigar el dinero que manejó La Cámpora y el Frente de la Victoria en las elecciones de 2011, 2013 y 2015.

El juez Claudio Bonadio pidió excusarse en el sorteo, porque le podría haber vuelto a su despacho, algo que ocurrió con el caso de los documentos históricos encontrados en el allanamiento de El Calafate, en la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Finalmente el caso de La Cámpora recayó en el juzgado 12, a cargo de Sergio Torres, que ya investiga de donde salieron los fondos para construir el mausoleo de Néstor Kirchner y ordenó activar ese expediente a luz de la causa cuadernos.

Se trata del mismo fiscal que impulsó las causas por la asociación ilícita contra Néstor y Cristina Kirchner, como obra pública y Hotesur y que pidió la elevación a juicio de Los Sauces. En Hotesur y Los Sauces no solo está procesada la ex presidenta sino también sus hijos Máximo y Florencia.

Todo se basa en las revelaciones de un pendrive encontrado en la casa de un secretario del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina, y las declaraciones que brindó como “arrepentido” el ex secretario de Obras Públicas José López, pusieron bajo sospecha el manejo del financiamiento electoral del Frente para la Victoria.

Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, José Ottavis, Julián Álvarez y Máximo Kirchner fueron llamados a declarar por Bonadio. Álvarez recusó al juez por temor de parcialidad, porque el juez es querellante en una causa en su contra. Si Álvarez hubiera tenido en su intento, Bonadio hubiera quedado afuera del caso.

Usando las palabras de Máximo Kirchner, el juez Bonadio decidió desprenderse de la causa el financiamiento de la campaña de La Cámpora porque esa fuerza solo recibió “dinero para destinarlo a actividades de naturaleza política y electoral, de modo irregular y fuera de la normativa vigente”.

Fue así que extrajo testimonios y ordeno investigar si se violó la ley de partidos políticos (ley 26571) y la de financiamiento de partidos políticos (ley 26215). Esa ley prevé sanciones como “la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y financiamiento público” de fondos diferentes a los autorizados. Bonadio habló de las campañas 2011, 2013 (relatado en los cuadernos) y de 2015 (delatados por el arrepentido López).