432681Alejandro Vandenbroele, el arrepentido, tendrá que hacer frente a otro juicio, en compañía de los empresarios Nicolás Ciccone y Máximo Lanusse, por haberse quedado con más de 3 millones de pesos en aportes previsionales de los trabajadores de la firma Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone Calcográfica SA).

Por su parte la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró hoy inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por los abogados defensores de Amado Boudou, contra la decisión de detenerlos al momento de la sentencia. Así las cosas, el ex vicepresidente seguirá preso.

El mes pasado el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por el delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. También condenó a Núñez Carmona a cinco años y medio; y a Nicolás Ciccone a la pena de 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo. Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso. La pena más leve, de dos años de prisión, fue para Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.

En el momento del veredicto se resolvió que Boudou y Núñez Carmona quedaran inmediatamente detenidos. Sobre eso apeló la defensa del ex vicepresidente, pero la Cámara de Casación rechazó sus planteos. Ahora le queda ir a la Corte Suprema de Justicia, como última instancia.

Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, llevó adelante la causa a raíz de una denuncia de la AFIP por apropiación indebida de aportes previsionales. Luego de las tareas de fiscalización correspondientes, se probó que los directivos de la empresas retenían los aportes jubilatorios de sus trabajadores en lugar de ingresarlos al sistema nacional de seguridad social.

La AFIP reportó que existió una “presunta apropiación indebida de distintos montos dinerarios retenidos a sus dependientes en concepto de aportes previsionales al sistema de la seguridad social, por parte de los directivos y/o responsables de la contribuyente COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA S.A. (ex CICCONE CALCOGRÁFICA S.A.), por el monto de $135.302,01 en el período 9/2011 y $287.286,74 en el período 10/2011”.

La jueza determinó que los empresarios tenían injerencia en el manejo de la imprenta y resolvió no hacer lugar a los planteos de sobreseimiento. El caso está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín.

El Régimen Penal Tributario y Previsional establece para este tipo de delitos una pena de entre 2 y 6 años de prisión.