El fallo le permite cinco días a la administración de Kicillof para armar un plan de inoculación
La Justicia le ordenó a la provincia de Buenos Aires vacunar a todos sus presos de riesgo de cárceles y comisarías, para esto le dio un plazo de 5 días al gobierno de Kicillof para planificar la inoculación.
La decisión surgió a raíz del planteo que había hecho la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo encabezado por Adolfo Pérez Esquivel, acompañado por Rodolfo Cipriano García. Idea que luego la Cámara en lo Contencioso de La Plata convirtió en fallo.
El punto clave entre los organismos fue la concordancia en que “los presos pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial, tanto al momento de inscribirse al mismo, como de concurrir –al serle asignado su turno- a las postas de vacunación”.
A su vez, el tribunal sostuvo que «en el contexto de pandemia se incrementó la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en atención a las condiciones habitacionales en las que viven, máxime si forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad”.