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Michelle Bachelet ratificó su denuncia por violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela

La Alta Comisionada de la ONU estuvo en territorio venezolano y aseguró que continúan las torturas y la violencia sexual.

En las últimas horas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que dirige Michelle Bachelet ratificó su denuncia de que en Venezuela se violan los derechos humanos. La ex presidenta de Chile visitó el país volvió a afirmar que hay todo tipo de prácticas de parte del gobierno para violentar a sus ciudadanos.

Bachelet asegura que todavía hay “denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, ratifica informes de “de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”.

Asimismo, denuncia que desde el gobierno no hubo “ninguna acción emprendida para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″ y remarca que “el 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales”.

“La dinámica y las prácticas observadas por el ACNUDH en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. En algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos”, complementa el escrito.

No obstante, destaca que continuaron “recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso”.

En última instancia, afirman que “las autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios monetarios. Se reportó que empleados de empresas e instituciones estatales también fueron amenazados con ser despedidos si no votaban”.