Mientras tanto, el Gobierno puja para que la misma no quede a disposición de Arroyo Salgado, segunda jueza del departamento de San Isidro.
La causa que mantiene en vilo a la Quinta de Olivos por el festejo de la Primera Dama en medio de la cuarentena estricta cumplió su fecha para determinar quiénes se harían responsables del caso. La semana pasada, el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir con la misma debido a que el hecho ocurrió en la jurisdicción de San Isidro y prefirió delegar la investigación al departamento que corresponde.
Finalmente el plazo se venció y la causa cayó en el Juzgado Federal de San Isidro y estará a cargo del primer juez Lino Mirabelli, que se encuentra cumpliendo su turno en el magistrado durante el mes de septiembre.
En caso de no aceptar la causa, la misma recaerá sobre el escritorio de la jueza y ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado.
Ante ello, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, dialogó en Radio 10 y aprovechó para marcar la postura del gobierno nacional: «Creo que es conocido para todos que con nuestro espacio político Arroyo Salgado claramente no garantiza ningún tipo de objetividad ni imparcialidad, porque lo demostró con su conducta los últimos años. No es lo más adecuado si se espera una investigación imparcial«.
Actualmente la denuncia cuenta con once imputados, entre ellos el presidente Alberto Fernández, la Primera Dama, Fabiola Yáñez y otros nueve amigos de ella que se encontraban en los festejos de su cumpleaños.
